Asociación de Consumidores Perjudicados Forum Valencia: Defendiendo lo Nuestro

En una carta remitida por el gabinete de la presidencia a los inversores, se reconoce el carácter mercantil de las filatélicas  Este hecho contradice los fundamentos de la intervención de mayo

Madrid- Han pasado ya más de ocho meses desde la intervención de Fórum Filatélico y Afinsa y quedan aún muchos cabos por atar y muchas promesas que cumplir. Los cientos de miles de afectados siguen sin saber cuál será el futuro de sus ahorros, a pesar de los compromisos que adquirió el Gobierno con todos ellos.

   En una carta firmada por el director del gabinete de la presidencia del Gobierno, José Enrique Serrano Martínez, a los afectados por esta crisis se les recuerda que «el Gobierno es sensible a esta situación y, por ello, ha llevado a cabo una serie de actuaciones de apoyo a los afectados».

   Sin embargo, a su disposición sólo cuentan con la ventanilla única -prometida en los momentos de máxima expectación pública por la crisis- donde pueden recibir información durante dos horas al día. La defensa jurídica gratuita finalmente no lo es tanto (hay que pagar una cuota a las plataformas, que en su día recibieron las subvenciones), la página web informativa que demandaron los jueces sigue sin habilitar y el mercado de bienes tangibles, sin regular.

   El escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, va más allá: «Estas empresas no forman parte de las actividades financieras, sino que se trata de actividades de consumo», concluye. Continúa explicando que, «como tales operaciones de consumo, no disponen de un sistema de cobertura como el Fondo de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversiones del que sí gozan determinadas actividades financieras».

   Según fuentes judiciales consultadas por este periódico, la clave legal que imprescindiblemente hay que aclarar radica precisamente en esta declaración; es decir, en la naturaleza de los negocios desarrollados por las empresas filatélicas. Las querellas presentadas por la Fiscalía se construyen, según estas fuentes, sobre tres pilares: que ambas compañías son entidades financieras; que los sellos, a su vez, son activos financieros; y que las operaciones de compraventa se basaban en un pacto de retrocesión no opcional (ya que Afinsa y Fórum estaban obligadas a su recompra). Surge así una contradicción entre Gobierno y Fiscalía en el aspecto que más controversia ha generado en este caso. Las querellas se sustentan sobre normas de obligado cumplimiento, pero sólo para entidades financieras, mientras desde el Gobierno se defiende el carácter mercantil (el que no tiene derecho a ningún tipo de fondo) de las compañías.

   Sin comisión de investigación

   A pesar de todo, el Ministerio de Sanidad y Consumo insiste en que «no existen argumentos» para la creación de una comisión de investigación de este caso en el Congreso de los Diputados. El ministerio que dirige Elena Salgado considera que la solicitud realizada por varios afectados en este sentido «carece de base jurídica y material y no se ajusta a la realidad». En una respuesta parlamentaria escrita por el gabinete, la ministra reitera que las empresas Fórum y Afinsa no son «empresas de inversión, como se las califica erróneamente en los escritos remitidos por los afectados» y hace referencia a la regulación vigente recogida en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 35/2003, donde se prohíbe denominar en la publicidad de estas actividades empresariales a sus productos «con el adjetivo financiero o colectivo».

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad recuerda a los afectados que la Ley española sólo habilita a la Administración Central del Estado para el «desarrollo de información precontractual», y que las competencias en materia de protección de los derechos de los consumidores «están transferidas a las comunidades autónomas», según detalla el escrito. La respuesta parlamentaria recuerda a los afectados la puesta en marcha por parte del Gobierno de la tramitación de la que será la nueva legislación sobre bienes tangibles y cuyo anteproyecto de ley fue presentado por Elena Salgado al Consejo de Ministros el pasado 29 de diciembre. Al respecto, Consumo afirma que su actuación en defensa de los afectados «es pública y notoria desde el mismo instante de la intervención judicial» y que «de forma inmediata» se convocó la Comisisión de Cooperación de Consumo y el Consejo de Consumidores y Usuarios, donde se acordó canalizar las reclamaciones y la defensa de los intereses de los afectados «a través de las asociaciones». Por último, la respuesta parlamentaria establece que la solicitudde los particulares «coincide en esencia» con la iniciativa formulada por el PP, y cuya finalidad era «determinar responsabilidades políticas en el caso».

larazon.es