Así la ha asegurado hoy la presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), Francisca Sauquillo, quien además ha explicado que la vía concursal exige una mayor responsabilidad de las asociaciones que lleven los casos, ya que cada afectado deberá figurar correctamente en la lista de acreedores con su "crédito" a los efectos de poder cobrar al final del proceso, lo cual genera unos costes.
El CCU también ha planteado la posibilidad de solicitar a Hacienda y a la Agencia Tributaria que tenga en cuenta la situación de los afectados de ambas sociedades y desistan de presentarse como acreedores preferentes, como determina la Ley Concursal, si una vez contabilizados los bienes de ambas empresas no hubiera cuantía suficiente para todos los acreedores.
Según los cálculos del CCU, esto se sabrá a finales de año, junto con la lista de acreedores y, en consecuencia, la cuantía que cada uno de ellos podrá recuperar de su inversión.
Vía concursal
La vía concursal exige que el acreedor figure correctamente en la lista que elaborarán los administradores judiciales para el reparto de los bienes de ambas empresas. De resultar alguna incidencia, los afectados que hayan tramitado su caso por esta vía, y el acreedor no estuviera finalmente en la lista o su crédito no estuviera del modo correcto, podrían exigirse responsabilidades a las asociaciones, según ha explicado Sauquillo.
La cuantía máxima que deberá pagar un usuario sería de unos 80 euros al año, que es la cuota más alta de estas asociaciones.
Via de lo penal
Los afectados que no están personados directamente en la causa, es decir, los que no tomen la vía concursal, quedan representados por el fiscal y cobrarían indemnización en caso de que se derivaran responsabilidades económicas.
Cabe recordar que en esta vía las organizaciones de consumidores y usuarios informan y tramitan gratuitamente las denuncias presentadas ante la Audiencia Nacional, tanto en el Juzgado de Instrucción número 1 (Afinsa), como en el número 5 (Fórum Filatélico).
Una tercera vía
Hasta el momento, el Consejo de Consumidores y Usuarios no ve qué se pueda acudir a una tercera vía, la de responsabilidad patrimonial del Estado, pero ha recordado que cualquiera es libre de abrirla y que esta apreciación no significa que se solicite si posteriormente se observara esta responsabilidad.
La presidenta del CCU ha anotado, por otra parte, que las organizaciones de consumidores todavía no han cobrado las subvenciones acordadas por el Estado para que atiendan a los afectados, al tiempo que ha agregado que “muy probablemente la próxima semana se abrirá una oficina de Apoyo en la Audiencia Nacional para gestionar las denuncias y personaciones de los afectados”.








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