Asociación de Consumidores Perjudicados Forum Valencia: Defendiendo lo Nuestro

Los procedimientos penales van sacando a la luz oscuros movimientos de los consejos de administración para controlar el valor oficial de los sellos y de esa manera montar verdaderas instituciones financieras con productos atractivos, pero sin las necesarias garantías que el Estado debería haber reglamentado.

Los procedimientos mercantiles ponen en juego la valía de nuestra reciente Ley Concursal, incumpliendo plazos y pactando criterios entre jueces, administradores concursales y organizaciones de consumidores oficiales, que, la mayoría de las veces, no reconocen nuestros derechos.

Los afectados iniciamos ahora, una reclamación por responsabilidad patrimonial concurrente frente al Ministerio de Economía y Hacienda, Ministerio de Sanidad y Consumo, Agencia Tributaria y todas las Comunidades Autónomas, por la falta de desarrollo legislativo y reglamentario del sector, así como por la falta de control de dichas empresas. Va a ser un camino largo. Otros también lo han sido. Los que creemos en la justicia sabemos que antes o después conseguiremos el resarcimiento pleno de lo que es nuestro. Cuánto mejor sería evitar el sufrimiento de tantos y que los partidos políticos alcanzasen un acuerdo para la resolución extrajudicial del conflicto, y no hacer de este drama un arma política o electoral.

El próximo 21 de abril saldremos a la calle para pedirlo. Las asociaciones creadas por los afectados, agrupadas en torno a la Federación de Afectados Filatélicos (FAF) y a la Coordinadora Española de Afectados de Forum y Afinsa (CEAFA) han convocado una manifestación en Madrid bajo el lema “Justicia y Solución ¡Ya!”; las asociaciones de consumidores subvencionadas por el Estado se han desmarcado de la convocatoria, más interesadas en recaudar sus cuotas que en buscar una solución rápida. Estas asociaciones representan a menos de la cuarta parte de los afectados, y han recibido 2 millones de euros del Gobierno, pero cobran cuotas por defenderlos en los concursos mercantiles y -las pocas que la presentarán- en la reclamación patrimonial al Estado. Son, sin duda, junto a la banca, los principales beneficiarios de esta crisis.

Hace unas semanas PP y CIU presentaron en la comisión de economía del Congreso una iniciativa para que el Gobierno estudie la posibilidad de adquirir los créditos de los afectados y quedarse con las empresas para liquidarlas ordenadamente. PNV y ERC apoyaron la propuesta, pero el PSOE sigue sin comprender la grave situación que atraviesan la mayoría de los afectados y la rechazó. Confiamos en que, la proposición no de ley que próximamente se debatirá en el Pleno del Congreso, sirva para que todos los partidos entonen el mea culpa, pues todos son culpables, y se busque una solución que evite un largo proceso judicial y un mayor coste para las arcas públicas.

Adicae, que dice “defender” a 70.000 personas, se “alegró” de que la iniciativa no prosperase, pues quieren un “fondo de compensación de pérdidas”, no el resarcimiento pleno de nuestros derechos. Mientras tanto conocemos que Ausbanc había recibido cantidades millonarias de una Asociación financiada por Forum y Afinsa, y por eso ahora se muestra tan cercana a los ex-presidentes Briones y a Cano.

La mayoría de los afectados estamos agrupados en asociaciones independientes creadas a raíz de este conflicto; no hemos recibido ninguna ayuda del Gobierno, que en su día se llenó la boca diciendo que su misión era apoyarnos. Conozco multitud de casos dramáticos de quienes lo han perdido todo, de quienes su único medio de vida era un plan de abono conseguido con el esfuerzo de muchos años. Aunque hay algún caso, no somos millonarios, somos pequeños ahorradores: la cantidad media invertida en estas empresas era de 10.000 euros. Es tremendamente injusto calificarnos de especuladores y crear una opinión pública contraria a que el Estado asuma el coste del fraude, pues depositamos nuestro dinero en entidades de larga trayectoria, con abundantes muestras de apoyo desde todas las instituciones del Estado y pagamos impuestos por las plusvalías obtenidas. La Constitución se fundamenta, entre otros, en el principio de solidaridad, y los poderes públicos han incumplido el mandato constitucional de proteger los legítimos intereses económicos de los ciudadanos; son estos motivos más que suficientes para asumir un coste que tampoco es tan elevado.

Una luz brilla en este año de sombras: la recomendación efectuada por el Defensor del Pueblo al Gobierno el pasado 12 de diciembre en la que “se recomienda la búsqueda de alguna solución para los actuales afectados por la intervención de las Sociedades de Inversión en Bienes Tangibles, teniendo en cuenta que la inactividad de los poderes públicos de control frente a un problema que conocía ha incrementado los efectos económicos negativos de las irregularidades cometidas por las sociedades”. Gracias Sr. Múgica, insista, pues el actual Gobierno no parece conocer lo que nos ocurre a los afectados, muchos de ellos votantes del partido socialista.

---

Antonio Corredoira y Alfonso

Presidente de ADEBITA (Asociación Gallega de Inversores en Bienes Tangibles)

Secretario de la FAF (Federación de Afectados Filatélicos)