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El miércoles se cumple el primer aniversario de la aparatosa intervención de Afinsa y Fórum Filatélico, que dejó sin ahorros a más de 350.000 españoles - Las víctimas reclaman que el Estado asuma su responsabilidad en el caso
Madrid- Han pasado ya doce meses desde que la intervención policial de Afinsa y Fórum Filatélico dejó de un plumazo a más de 350.000 españoles sin sus ahorros. Los afectados continúan frustrados por la imposibilidad de recuperar su dinero y denuncian sentirse ninguneados por las instituciones y el Gobierno, y machacados por la opinión pública. El nueve de mayo de 2006 decenas de agentes policiales armados con metralletas intervinieron las sedes de ambas sociedades en una operación que despertó las sospechas de gran parte de la opinión pública por su coincidencia en el tiempo con el llamado «caso Bono». Desde entonces, y tal y como ha declarado el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, el Gobierno «no ha tenido mucha consideración con los afectados». Pero lo más grave es « la falta de transparencia» existente después de la operación judicial y en la actitud del Gobierno. «No se han dado explicaciones y el olor que emana no es bueno», concluye Pujalte. Actualmente, las empresas están siendo sometidas a la Administración Concursal para valorar la cuantía real de sus bienes y proceder a la liquidación definitiva. Este procedimiento tampoco ha esto libre de polémica entre los clientes de las empresas. En algunas asociaciones de afectados denuncian que «se está intentando hacer una valoración lo más baja posible para intentar, primero, desanimarnos y, segundo, hacer ver a la opinión pública el gran agujero que existía». Las contradicciones han sido la nota predominante en todo este caso. «Si somos los acreedores reales, deberíamos tomar parte en esa valoración», denuncian desde algunas plataformas, que luchan por evitar que el proceso se prolongue durante años como el conflicto del aceite de colza. Otro de los puntos conflictivos de este proceso ha sido el papel jugado por las asociaciones de consumidores, algunas de las cuales han recibido subvenciones millonarias del Gobierno que, en opinión de algunos afectados, no tenían más finalidad que la de acallarlas. Ahora los esfuerzos de gran parte de las plataformas de los afectados se centran en pedir la responsabilidad del Estado por su actuación en este caso. La Asociación Contra la Liquidación de Afinsa (ACLA) defiende que «la liquidación es la peor de las soluciones para los clientes». En su opinión, cada vez hay más indicios que apuntan a que el objetivo último de quienes han puesto toda esta maquinaria en marcha es precisamente la liquidación de la empresa en la que han depositados sus ahorros. Como solución proponen la exigencia al Estado de su responsabilidad patrimonial. Para esta asociación, «que el Estado es responsable de nuestra situación ya es más que evidente. Que el Ministerio de Sanidad y Consumo actuó de forma pasiva y negligente por su manifiesto desinterés a la hora de desarrollar una ley adecuada para el sector, también». Por ello, es obvio que «el Estado tendrá que responder, asumiendo su responsabilidad patrimonial por negligencia y evidente falta de regulación y control». Según se puede encontrar en la página web de esta asociación, «la responsabilidad patrimonial de la Administración es un instituto jurídico completamente independiente y supone la exigencia de responsabilidades patrimoniales a la Administración por su actuación en una materia determinada (por omisión o negligencia)». «Primero hay una reclamación previa en vía administrativa y rechazada ésta se pasa a la vía contencioso-administrativa. Esta vía puede ir totalmente en paralelo con los demás procesos, como ha señalado la jurisprudencia, y sólo tiene que interconectarse con los demás para que en ejecución de sentencia se evite el riesgo de enriquecimiento injusto del afectado por recibir devoluciones e indemnizaciones por diversas vías». Manifestación El éxito de asistencia registrado en la gran manifestación que tuvo lugar el pasado día 21 de abril para protestar por la responsabilidad del Estado en la intervención de Afinsa y Fórum Filatélico, y la inacción del Gobierno para poner en marcha una solución que ampare a todos los afectados por la intervención de las empresas, demuestra la gran acogida que tuvo esta propuesta. larazon.es |