Asociación de Consumidores Perjudicados Forum Valencia: Defendiendo lo Nuestro

Los afectados vascos de Afinsa y Forum denuncian la "dejadez" de las instituciones y se sienten "machacados" por la opinión pública. El próximo día 9, doce meses después de la operación policial, Bilbao acogerá una manifestación de protesta.

EL próximo miércoles se cumplirá un año de la operación policial contra las inversoras Afinsa Bienes Tangibles y Fórum Filatélico por una estafa multimillonaria. Doce meses después de que se destapara el escándalo, los 10.500 afectados vascos -8.500 de Afinsa y 2.000 de Fórum- continúan frustrados por la imposibilidad de recuperar su dinero y denuncian sentirse ninguneados por las instituciones y "machacados" por la opinión pública.

"Estamos mejor que hace un año porque nos hemos organizado, pero quien nos tiene que escuchar, de momento, no toma las medidas adecuadas para responder a lo que pedimos, que nos devuelvan nuestro dinero", resume Roberto Alvarado, uno de los guipuzcoanos afectados.

El 9 de mayo del pasado año, la Policía Nacional detuvo a nueve personas relacionadas con la estafa filatélica tras realizar registros en compañías y domicilios de Madrid, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Barcelona, Valladolid y Vigo. En una de las operaciones, los agentes encontraron un maletín con 20 millones de euros en metálico perteneciente a uno de los socios de Afinsa, Francisco Guijarro. Poco después, eran intervenidas varias cuentas de ambas compañías en Suiza por valor de 240 millones de euros. Comenzaba entonces un calvario para alrededor de 460.000 familias que veían cómo sus ahorros se volatilizaban por la intervención del Estado, al que responsabilizan de su situación.

Poco a poco, empezaban a comprender en qué consistía el llamado fraude piramidal, a través del cual los inversores adquirían lotes de sellos presuntamente sobrevalorados con un 6% de interés que era abonado a través de las aportaciones de los nuevos clientes. "El boca a boca propició que familias enteras se metieran en este negocio. Yo, por ejemplo, le dije a dos hermanas", recuerda Francisco Javier Sainz de Murieta, presidente de la Plataforma Blanca de Afinsa de Gipuzkoa.

Hileras de afectados se apiñaban ante las sedes de las empresas en toda la CAV en busca de respuestas que los empleados desconocían. Tras días de noticias, sobresaltos y contactos, los afectados silenciaban sus voces para buscar caminos que les llevaran a su objetivo.

asociacionismo

Sin apoyo ni locales

Gracias a la dedicación de unos pocos, las tres plataformas blancas de Afinsa de Euskadi y la Asociación Perjudicados Fórum Euskadi: Defendiendo lo nuestro se incorporaban, hace unos días, a la Coordinadora Estatal de Afectados de Fórum y Afinsa (CEAFA). "Nos hemos ido echando una mano para organizarnos, pero las asociaciones las formamos gente que no tenemos ni idea de cómo ponerlas en práctica", apunta el presidente del colectivo de afectados de Fórum en el País Vasco, Carlos Cestero. "Pero aprendemos rápido", apostilla Alvarado.

Y así lo han hecho, aunque como matiza Sainz de Murieta, se han sentido "solos" en el proceso, porque "las asociaciones de la CAV son los únicos colectivos de todo el Estado que, a día de hoy, siguen sin disponer de un local" donde reunirse.

En el caso de Gipuzkoa, los afectados de Afinsa se reunieron con una representante del Ayuntamiento de Donostia para solicitar la cesión de un local. Pero la promesa de la intermediaria municipal no se ha hecho realidad, por lo que Sainz de Murieta califica de "dejadez total".

"Hemos acudido a los ayuntamientos, a los partidos políticos y al Gobierno Vasco, y nada. Nos sentimos indefensos y nos parece una tomadura de pelo", critica Alvarado.

Estas tres voces resumen el sentir de los asociados, que suponen el 67% del total de afectados en Euskadi. En Gipuzkoa integran al 85%, aproximadamente, de los involucrados en el fraude, un total de 1.1673 inversores de Afinsa y 1.100 de Fórum.

Afirman que están cabreados, pero en lugar de optar por el enfrentamiento, buscan un "diálogo constructivo" con la clase política que les permita encontrar la solución a una dramática situación que, según aseguran, "ha acabado con la vida de casi un centenar de personas que no han podido hacer frente a la pérdida de sus ahorros". A este respecto, un inversor medio habría adquirido sellos por valor de 7.000 euros, mantiene Sainz de Murieta.

En esa oferta de diálogo han pedido a los partidos que apoyen cualquier iniciativa del Congreso relativa a la recuperación de los fondos invertidos como las que ha presentado el PP. La creación de un fondo de garantía es un ejemplo.

atajar el problema

Escepticismo

Sin embargo, se muestran escépticos. Actualmente, las empresas están siendo sometidas a la Administración Concursal para valorar la cuantía real de sus bienes y proceder a la liquidación definitiva.

"Nos consta que están intentando hacer una valoración lo más baja posible para intentar, primero, desanimarnos y, segundo, hacer ver a la opinión pública el gran agujero que existía. Pero si nosotros somos los acreedores reales, deberíamos tomar parte en esa valoración", denuncia Alvarado, quien añade que quieren evitar "a toda costa" que el proceso se prolongue durante años como el conflicto del aceite de colza.

La punta del iceberg es para estos representantes las asociaciones de consumidores. "Se supone que nos representan y no nos queda más remedio que seguir con ellas, pero han recibido subvenciones millonarias del Gobierno para acallar a todo el mundo. Por eso, se entiende que el presidente de Avicae (Asociación de usuarios de bancos, cajas de ahorros y seguros) se alegrara de que no prosperase en el Congreso la iniciativa del fondo de garantía", denuncia.

"De este modo, no nos sentimos representados, por eso hemos optado por crear asociaciones independientes", explica Cestero. "El Gobierno sigue sin atajar el problema de raíz", critica el representante de Fórum.

No obstante, Cestero recuerda que la responsabilidad patrimonial es del Estado por no haber regulado convenientemente el mercado de bienes tangibles e incluso haber incentivo este tipo de inversiones. "Hablamos de un valor refugio, de empresas que llevaban 25 años operando avaladas por premios y medios de comunicación y Ministerio de Consumo", añade Alvarado.

Pero, en su opinión, el problema no acaba ahí. "Lo peor de todo es que la opinión pública no nos ve como víctimas, sino como especuladores y usureros, cuando somos personas que buscaban rentabilidad para sus ahorros", mantiene este afectado.

El día 9 se cumple el plazo para presentar las demandas civiles de responsabilidad patrimonial del Estado. Los afectados confían en que el Ejecutivo de Madrid tome cartas en el asunto al ver las solicitudes. Están dispuestos a reclamar lo que consideran suyo con las manifestaciones que sean necesarias. Bilbao acogerá la protesta en el día del aniversario.

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