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CARLOS CESTERO DÍEZ-FRANCISCO Y JAVIER SAINZ DE MURIETA */ Se cumple hoy un año desde que la policía entrara en las sedes de Forum
Filatélico y Afinsa. Eso significa que desde hace un año los 460.000
ahorradores que depositamos nuestra confianza en empresas que llevaban
25 años gestionando patrimonios filatélicos y haciendo frente a sus
obligaciones contractuales no hemos visto un solo euro de nuestro
dinero. Y, lo que es peor, no vemos a corto plazo la salida del túnel.
En este tiempo, ha habido compañeros que han tenido una muerte
prematura o que han preferido quitarse la vida al no poder soportar una
situación que afectó a su subsistencia. Personas que han tenido que
abandonar las residencias donde eran atendidos al faltarles los
ingresos que obtenían de sus inversiones filatélicas y que
complementaban sus pensiones, trabajadores de empresas cerradas que
habían invertido sus finiquitos, familias que habían ahorrado para dar
estudios a sus hijos
No se trata de especuladores, ni de
aprovechateguis que queríamos obtener grandes beneficios. Los
beneficios que proporcionaban esas empresas no eran superiores a los
que ofertaban algunos bancos. Se trata de familias que confiaron en el
sistema, que confiaron en un Estado que presume de ser la octava
potencia mundial. Que no creyeron que pudieran terminar así unas
inversiones avaladas por publicaciones del Ministerio de Economía, por
la prensa económica especializada que las calificaba de valor-refugio,
por los propios bancos que aceptaban pignorar los contratos como aval
de créditos y por la presencia del Rey y de ministros en la entrega de
premios empresariales a los gestores de ambas empresas.
A un año
vista de las intervenciones seguimos sin saber qué bien buscaba
proteger el Gobierno que fuera superior al daño que ha causado con las
intervenciones. Seguimos sin entender por qué se cerraron ambas
empresas simplemente por presuntas irregularidades de sus directivos
cuando no se hizo lo mismo en otros casos similares. ¿Cuántos
directivos de empresas han estado procesados por irregularidades y
cuántas empresas se han cerrado en España por esta causa? Por cierto,
¿si los delitos de los directivos de Forum y Afinsa eran tan graves por
qué se les puso en la calle enseguida con unas fianzas ridículas o,
incluso, sin fianza alguna en algunos casos?
Nos tememos lo
peor. Nos tememos que aquí pase lo mismo que con Rumasa. Que primen los
intereses de algunos amigos del poder y que se liquiden por dos gordas
las empresas para que luego unos cuantos puedan revender esos activos y
aumentar sus fortunas. Todo para que dentro de diez o veinte años los
tribunales obliguen al Estado a devolver lo requisado pagando todos los
españoles el error de nuestro bolsillo.
Es, además, la primera
vez que en un proceso concursal los principales acreedores, que somos
los clientes, no estamos representados en la administración concursal.
Unos administradores concursales que están más preocupados en cobrar
sus minutas, que superan 1.580.000 euros por barba en el caso de Forum
y 1.016.000 euros en el caso de Afinsa, que en defender los intereses
que se supone que deben defender y en hacer una valoración real de los
activos de las empresas.
Pero se equivocan quienes crean que los
460.000 afectados por esta situación nos vamos a quedar cruzados de
brazos. Hasta ahora las plataformas que representamos a la inmensa
mayoría de los afectados, pese al intento del Gobierno de derivar a los
perjudicados a asociaciones de consumidores que viven de las
subvenciones, hemos estado absortas en el trabajo de preparar toda la
documentación de los asociados de cara al complejo proceso concursal.
Ahora,
una vez terminada esa tarea urgente, hemos logrado unirnos las
plataformas de afectados. Las Plataformas Blancas de Afectados de
Afinsa de los tres territorios y la Asociación de Perjudicados Forum
Euskadi: Defendiendo lo Nuestro, que aglutinamos el 65% de los
afectados en la Comunidad y el 83% en el caso de Gipuzkoa, nos hemos
incorporado a la Ceafa (Coordinadora Estatal de Afectados de Forum y
Afinsa). El primer resultado fue la macromanifestación del pasado día
21 en Madrid que concentró a más de 100.000 personas.
Pero esto
sólo es el comienzo. Vamos a seguir peleando por nuestro derecho a ser
resarcidos. Porque el Estado es culpable. Y es culpable por haber
intervenido de manera innecesaria dos empresas y haber dejado sin sus
ahorros a 460.000 familias. O, si demuestran que la intervención fue
necesaria, cosa que no ha hecho nadie hasta ahora, por no haber actuado
antes en su tarea de garantizar los intereses de los consumidores. Las
elecciones generales están a un año vista. Y este tema afecta a más de
1.500.000 personas (los 460.000 clientes más sus familias) que pueden
decantar el futuro gobierno.
No queremos limosnas. Sólo
exigimos, como víctimas de una situación que no hemos generado, que se
nos devuelva lo que es nuestro. Lo exigimos en nuestro propio nombre
quienes aún hemos sobrevivido a esta situación kafkiana e impensable en
cualquier país avanzado y lo exigimos también en nombre de los
compañeros que han fallecido en este año.
(*) Carlos
Cestero Díez es presidente de la Asociación de Perjudicados Forum
Euskadi: Defendiendo lo Nuestro. Francisco Javier Sainz de Murieta es
presidente de la Plataforma Blanca de Afectados de Afinsa de Gipuzkoa diariovasco.com |